El parentesco es el vínculo existente entre personas que pertenecen a la misma familia y conviene conocer su significado desde el punto de vista jurídico, puesto que el grado de parentesco resulta determinante a la hora de heredar, cobrar prestaciones sociales, indemnizaciones por accidente, etc.
El parentesco de una persona respecto de otra se determina por el número de generaciones que las separan. Cada generación es un grado y la sucesión de grados forma la “línea de sucesión”.
La línea de sucesión puede ser recta o directa, formada por personas que ascienden o descienden unas de otras (abuelos, padres, hijos, nietos), o colateral, formada por personas que proceden de un mismo tronco común (hermanos, tíos, sobrinos).
La línea puede ser también descendiente, liga a una persona con aquellas que descienden de él (abuelos, padres, hijos, nietos) o ascendente, liga a una persona con aquellos de los que desciende (nietos, padres, abuelos).
El cómputo de los grados de parentesco se realiza de forma distinta según la línea de sucesión:
En la línea recta o directa: Los grados se cuentan subiendo hasta el ascendiente o descendiente común dependiendo de si la línea es ascendente o descendente. Así, en línea ascendente, el hijo dista un grado del padre, dos del abuelo y tres del bisabuelo; en la línea descendente, el abuelo dista un grado del padre, dos del nieto y tres del biznieto.
El la línea colateral: Los grados se cuentan subiendo en primer lugar hasta el tronco común (como en la línea recta) y, en segundo lugar, descendiendo hasta la persona respecto de la que se pretenda establecer el grado de parentesco. Así, el hermano dista dos grados del hermano (el primer grado sería el padre en línea recta que constituiría el tronco común, y el segundo sería el hermano que, como hijo, dista del padre otro grado), tres del tío (el primer grado sería el padre, el segundo el abuelo y el tercero el hijo del abuelo, esto es, el tío), cuatro del primo (el primero sería el padre, el segundo el abuelo, el tercero el tío y el cuarto el primo).
También debe distinguirse entre el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad. El primero se da respecto de la propia familia, y el segundo respecto de la familia del cónyuge, computándose los grados de la misma forma.
En el siguiente cuadro se reflejan los grados de parentesco, tanto por línea recta o directa y colateral, como por consanguinidad y afinidad.
Grados
Titular/Cónyuge
1º
Padre/Madre
Suegro/Suegra
Hijo/Hija
Yerno/Nuera
2º
Abuelo/Abuela
Hermano/Hermana
Cuñado/Cuñada
Nieto/Nieta
3º
Bisabuelo/Bisabuela
Tío/Tía
Sobrino/Sobrina
Biznieto/Biznieta
4º
Primo/Prima
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domingo, 6 de mayo de 2007
UGT pide a La Caixa que reconozca la lipoatrofia como riesgo profesional
La Sección Sindical de UGT en “La Caixa” reivindica que, ante los numerosos casos de lipoatrofia semicircular que se han dado en sus oficinas, esta lesión sea considerada enfermedad profesional. Esta petición ha sido rechazada en la reunión del comité de salud laboral por la dirección de la entidad, por lo que el sindicato insta a “La Caixa” a que reconsidere su postura y reconozca la lipoatrofia como enfermedad profesional y ponga todos los medios a su alcance para erradicar esta dolencia de los centros de trabajo. Además, UGT reclama a la empresa que aporte más información y mayor rapidez, al tiempo que se apliquen más medidas correctoras.
La UGT de “La Caixa” también solicita la evaluación, prevención y seguimiento de todos los casos que ya llegan a 64 en toda la entidad, ya que todo parece indicar que su origen es laboral. Uno de los ejemplos más representativos se da una de las oficinas de la empresa en Barcelona, donde de los 25 empleados 5 están afectados por la dolencia.
Hoy, el Departamento de Trabajo inspeccionará las dependencias de los Servicios Centrales de “La Caixa” (las torres de la Diagonal), donde se han dado 17 casos, como solicitó UGT al Centro de Condiciones de Trabajo de la Generalitat el pasado 22 de marzo, después de conocerse los primeros casos de la lipoatrofia.
UGT rechaza la parcialidad de las mediciones técnicas hechas por la empresas Applus, dependiente de Aguas Barcelona y , por tanto, dentro del Grupo de “La Caixa”.
La UGT de “La Caixa” también solicita la evaluación, prevención y seguimiento de todos los casos que ya llegan a 64 en toda la entidad, ya que todo parece indicar que su origen es laboral. Uno de los ejemplos más representativos se da una de las oficinas de la empresa en Barcelona, donde de los 25 empleados 5 están afectados por la dolencia.
Hoy, el Departamento de Trabajo inspeccionará las dependencias de los Servicios Centrales de “La Caixa” (las torres de la Diagonal), donde se han dado 17 casos, como solicitó UGT al Centro de Condiciones de Trabajo de la Generalitat el pasado 22 de marzo, después de conocerse los primeros casos de la lipoatrofia.
UGT rechaza la parcialidad de las mediciones técnicas hechas por la empresas Applus, dependiente de Aguas Barcelona y , por tanto, dentro del Grupo de “La Caixa”.
UGT ha firmado 2.595 convenios colectivos hasta marzo
Un total de 4.735.910 trabajadores tienen sus condiciones laborales reguladas para este año a través de los 2.595 convenios colectivos firmados en el primer trimestre, de los que 63 son nuevos y el resto son revisiones, según el avance de Negociación Colectiva elaborado por UGT.
El incremento salarial medio se sitúa en el 2,88%. El 65,73 % de los trabajadores disponen de cláusulas de garantía salarial que entrarán en funcionamiento si el Índice de Precios al Consumo (IPC) supera una media del 2,21% a finales de año.
UGT insiste en la importancia de incorporar las cláusulas de revisión salarial a todos los convenios colectivos con eficacia plena porque éstas evitan la pérdida de poder adquisitivo y garantizan la mejora salarial acordada.
Otros datos de este informe indican que la jornada laboral disminuye en 538 convenios, que representan el 20,73% del total de los cerrados hasta el mes de marzo. La reducción media es de 15, 48 horas al año.
La jornada pactada en el conjunto de los convenios firmados para su vigencia en este año y registrados en este primer trimestre se sitúa en una media ponderada de 1.756,24 horas al año.
MEJORA LA SITUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN EL EMPLEO.
El AMCE, en diez meses, ha posibilitado la firma de un 44% de contratos indefinidos más que en el mismo periodo de 2005-2006
Mejora la situación cualitativa y cuantitiva del empleo
(UGT). Viernes, 4 de mayo de 2007
Los datos de paro registrado facilitados hoy por el Servicio Público de Empleo confirman la positiva evolución del mercado de trabajo. En abril se ha registrado un descenso generalizado del desempleo, en hombres, mujeres y jóvenes y en todos los sectores de actividad.
Continúa la buena evolución de la contratación estable iniciada con el AMCE, también sobre la contratación indefinida inicial. En estos diez meses de vigencia, ha facilitado la firma de un 44,6% de contratos indefinidos más que en el mismo periodo de 2005-2006. En abril, el 12,19% de los firmados fueron indefinidos y con respecto al mismo mes del pasado año, este tipo de contratación ha crecido un 16%.
UGT realiza, asimismo, un llamamiento a los empresarios para que apuesten por la contratación indefinida, ya que les reporta importantes ventajas en términos de productividad y competitividad empresarial.
El sindicato llama la atención sobre la persistencia de desigualdadades sobre la situación de la mujer en el mercado laboral y confía en que la Ley de Igualdad contribuya a eliminar las dificultades de este colectivo para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo. Pese a que ha disminuido el desempleo en este colectivo este mes, el 62% de las personas en paro son mujeres.
Por tercer mes consecutivo este año 2007, el número de personas desempleadas muestra un descenso, según señalan hoy los Servicios Públicos de Empleo. En abril se produce una reducción significativa del número de parados hasta la cifra de 2.023.124: 36.327 parados menos que el mes anterior (un 1,7% menos), manteniendo la trayectoria de reducción del número de desempleados en abril respecto a marzo. La variación interanual también es positiva, con una disminución de 52.552 personas (-2,5%), impulsando la buena dirección mostrada desde 2005.
Tanto el paro masculino como el femenino descienden este mes. Entre los hombres hay 14.991 parados menos que en marzo (-1,9%), mientras la bajada para las mujeres es inferior, situándose en 21.336 (-1,6%). En ambos casos, la variación interanual muestra un descenso del número de personas desempleadas, más acentuado en el caso de los hombres (-4,3%), que en el de las mujeres (-1,4%). De nuevo este mes indica que un 62% de las personas desempleadas son mujeres.
Sigue disminuyendo el paro entre los menores de 25 años. En abril se registraron 9.403 jóvenes menos que en marzo (-3,7%). Más marcada es la caída del paro interanual: 25.521 jóvenes parados menos que en abril de 2006 (-9,5%). No obstante, aún el 12% de los desempleados en España tiene menos de 25 años.
Entre los extranjeros, el paro se reduce un 5,1% respecto a marzo (8.296 menos), pero en la variación interanual persiste el incremento del número de desempleados (12.200 desempleados más, un 8,6%). De cada 100 desempleados en España, casi 8 son extranjeros.
El descenso respecto a marzo es común a todos los sectores económicos. En los servicios la cifra de desempleados se reduce un 2,4% (30.795 parados menos), en la agricultura un 1,2% (766), en la industria un 0,8% (2.302) y en la construcción un 0,7% (1.555). Por su parte, las variaciones interanuales son favorables en todos los sectores económicos, y en especial en la industria, que logra una reducción del desempleo del 6% (17.720 desempleados menos).
El número total de contratos registrados aumenta en abril un 6,2% respecto al mismo mes del año anterior (81.767 contratos más). Se produce un aumento de la contratación indefinida del 16%, mientras la temporal crece en menor cuantía (5%). El peso de los contratos indefinidos sobre el total se mantiene en el 12,19%, un punto más que en abril de 2006 (11,17%).
En conclusión:
Por tercer mes este año 2007, el paro desciende. Como en años anteriores, comienza el segundo trimestre de 2007 con resultados positivos para el empleo, con una reducción del número de personas desempleadas (hombres, mujeres, jóvenes y extranjeros) en todos los sectores económicos.
Diez meses después de la entrada en vigor del Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo (AMCE), UGT valora los resultados logrados:
> En abril, el 12,19% de los contratos registrados fueron indefinidos. Este porcentaje es un punto superior al alcanzado en abril de 2006 (11,17%).
> Como promedio, el peso de los contratos indefinidos sobre el total se ha situado entre julio de 2006 y abril de 2007 en un 13% (3,5 puntos por encima del porcentaje alcanzado entre julio de 2005 y abril de 2006, con un 9,4% de media).
> La contratación indefinida ha alcanzado en abril la cifra de 168.931, aumentando un 16% desde abril de 2006.
> Desde julio de 2006 a abril de 2007 se han firmado 2.009.078 contratos indefinidos (619.969 más que en el mismo periodo de 2005-2006, un 44,6%).
En definitiva, abril refleja una continuidad de la contratación estable iniciada en julio de 2006 gracias al AMCE. La conversión de contratos temporales en indefinidos pierde fuerza al haber finalizado en diciembre de 2006 las ayudas a la conversión de contratos incluidas en el Plan Extraordinario, pero la moderación queda compensada por el incremento de la contratación estable inicial.
No obstante, para generar más empleo de calidad, es necesario un punto de inflexión en la cultura de contratación. Por tanto, UGT insta a los empresarios a seguir con el proceso de contratación indefinida iniciado, que presenta fuertes ventajas económicas en términos de productividad y competitividad empresarial.
De nuevo, en este mes se pone de manifiesto la persistencia de desigualdades estructurales relativas a la situación de la mujer en el mercado de trabajo. El descenso del número de parados de debe principalmente a la caída del paro masculino, superior al femenino. Actualmente, el 62% de las personas desempleadas son mujeres, mientras en el año 2002 lo era el 59%.
UGT confía en que la Ley de Igualdad tenga también éxito en su cometido y contribuya a eliminar las desigualdades relativas a la posición de la mujer en el mercado laboral español.
DÍA DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
UGT denuncia el alto coste humano y económico de la no prevención de accidentes laborales
(UGT). Jueves, 26 de abril de 2007
Los accidentes y enfermedades directamente relacionadas con el trabajo generan descenso de la competitividad, estrechamente ligada a la seguridad; jubilaciones anticipadas porque las enfermedades derivadas del trabajo reducen la vida laboral en cinco años; absentismo laboral porque el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día por esta causa; desempleo porque un tercio de los parados ve reducidas sus posibilidades de trabajar; y un empobrecimiento de los hogares al mermar considerablemente sus ingresos si el trabajador sufre una lesión profesional.
No prevenir accidentes conlleva un importante coste, no sólo humano, sino también económico para las empresas y para el conjunto de la sociedad. En la Unión Europea, cada año se pierden 150 millones de días laborales por este motivo y las pérdidas ocasionadas por bajas por enfermedad se sitúan en cerca de mil millones de euros anuales.
El próximo sábado, 28 de abril, se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el lema “hagamos realidad un buen empleo. Puestos de trabajo seguros y saludables”. UGT recuerda a las empresas su responsabilidad en la prevención de accidentes, tal y como contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El 82% de los accidentes laborales, y el 90% de los mortales afectan a pequeñas y medianas empresas.
La Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se negocia en el marco del Diálogo Social, pretende mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad y mejorar la coordinación institucional y la colaboración entre administraciones implicadas.
La Unión General de Trabajadores, hace tiempo que viene denunciando que tras más de 10 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mayoría de las empresas consideran que la prevención es un coste más que tienen que asumir por lo que realizan una inadecuada gestión de lo que consideran “una obligación empresarial”.
Existen numerosos estudios analizando el coste de un accidente laboral, tanto en términos humanos para la persona afectada que sufre el menoscabo de su integridad o la vida misma; como en términos económicos para la empresa, pérdida de productividad, seguros, posible infracción administrativa, recargo de prestaciones, responsabilidades penales...
Pero la no prevención no sólo tiene como consecuencia una mayor siniestralidad laboral, sino que acarrea otro problema, que por silencioso no se ha tenido en cuenta que es la Enfermedad Profesional.
Es evidente que los costos directos para las empresas son muy altos. En la UE, por ejemplo, cada año se pierden 150 millones de días laborables como consecuencia de los accidentes del trabajo (4 millones de accidentes de trabajo al año), lo que supone unas pérdidas económicas ligadas a las bajas de aproximadamente mil millones de euros anuales y los costos incurridos por la industria en materia de seguros se elevan a 20 billones.
Las principales causas de muerte por causa del trabajo (accidentes laborales y enfermedades profesionales) en el mundo son el cáncer (un 32% aproximado de todas las muertes relacionadas con el trabajo), las enfermedades músculo-esqueléticas (23%), los accidentes (19%) y las enfermedades transmisibles (17%). Está claro que la mayoría de estas muertes se pueden prevenir con una adecuada gestión de la prevención de las empresas, integrando la prevención en la organización empresarial y con la colaboración de sindicatos fuertes y participativos y la Unión General de Trabajadores está trabajando en ello con iniciativas como el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales.
Aquí debemos hacer mención a logros ya conseguidos en España, como la puesta en marcha de un nuevo sistema de calificación, notificación y registro de las enfermedades profesionales, a través del Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre que mejora el procedimiento de declaración y evitará la infradeclaración.
La sociedad debe hacer frente a diversos gastos debidos en parte a las enfermedades profesionales y a los accidentes relacionados con el trabajo, como son:
El descenso de la competitividad ya que existe un estrecho vínculo entre el aumento de la seguridad y el de la competitividad.
La jubilación anticipada ya que las discapacidades son la causa de cerca del 40% de las jubilaciones anticipadas. Son las enfermedades derivadas del trabajo, las que reducen la vida laboral en unos cinco años.
El absentismo, ya que el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día y esta cifra puede llegar al 10% dependiendo del sector.
El desempleo, ya que un tercio de los desempleados tiene una incapacidad para trabajar que no es lo suficientemente grave como para tener derecho a cobrar una indemnización o pensión, pero que reduce sus posibilidades de trabajar.
El empobrecimiento de los hogares, ya que la lesión profesional en un trabajador puede reducir considerablemente los ingresos en un hogar, cuando no otros de los miembros de la familia deben dejar sus trabajos para cuidar al trabajador lesionado, reduciendo aún más los ingresos.
Las pequeñas y medianas empresas están especialmente expuestas, ya que registran el 82% de todos los accidentes laborales y el 90% de los accidentes mortales.
Conociendo el problema al que nos enfrentamos surgen iniciativas desde Europa como la nueva Estrategia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, cuyo principal objetivo es la reducción de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales.
En esta línea de actuación el pasado 20 de abril, la Mesa de Diálogo Social en Prevención de Riesgos Laborales manifestó su compromiso de acordar una Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012 que responda a la exigencia de nuestra sociedad de reducir la siniestralidad laboral y marque unos objetivos a desarrollar a corto, medio y largo plazo para la consecución de la mejora permanente de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para ello todas las partes, el Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO Y UGT, expresaron su convicción y voluntad de llegar a un texto acordado en fecha próxima.
La Estrategia comparte la preocupación por la prevención en la PYME y más aún en la micro empresa, donde es escasa o nula nuestra representación y por tanto los trabajadores carecen de delegados de prevención a los que acudir con sus reivindicaciones.
Entrando de lleno en el terreno de las políticas públicas, el objetivo será desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española, con una política transversal que debe penetrar, estar integrada y orientar las restantes políticas en particular la Laboral y de Empleo, la de Seguridad Social, la de Educación y Formación, la Industrial, Medioambiental, para ello se llevará a cabo una política educativa en todos los niveles del sistema educativo español, se desarrollarán campañas de concienciación y sensibilización de manera constante y permanente, resaltando lo que antes hacíamos mención el coste humano y económico de la no prevención. Por nuestra parte, los interlocutores sociales podremos incidir a través de la Negociación Colectiva en los derechos y obligaciones de las empresas y trabajadores previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Finalmente, con la Estrategia se mejorará la coordinación institucional en materia de prevención de riesgos laborales, para ello se revalorizará la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular creando un grupo de trabajo sobre formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Debido al alto grado de incumplimiento de la normativa en materia de prevención y la sensación de impunidad de los empresarios ante tales incumplimientos, la Estrategia busca la mejora de la colaboración entre administraciones, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado la Instrucción 1/2007 sobre profundización en las relaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos penales contra la seguridad y salud.
Este será, junto con otros pasos en la misma dirección que se están dando, un importante instrumento de lucha contra la siniestralidad en nuestro país, del que esperamos muy pronto se puedan apreciar sus frutos con un descenso en las cifras de trabajadores accidentados gravemente.
Otro elemento fundamental dentro de la colaboración institucional, es el que se aprobó el pasado 28 de febrero, por parte del Consejo General del Poder Judicial, el protocolo marco de colaboración entre los distintos organismos de la administración central con competencias en materia de investigación de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias.
El propósito de este protocolo marco establecer un marco general de colaboración entre las administraciones implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, al amparo del principio básico de coordinación recogido en la Constitución, y definir, potenciar y favorecer la implantación de procedimientos de actuación en esta materia.
Además, debe servir de referencia para la suscripción de convenios específicos, en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas siempre con la finalidad de garantizar la coordinación necesaria para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como garantizar la ejecución de las sentencias condenatorias.
(UGT). Jueves, 26 de abril de 2007
Los accidentes y enfermedades directamente relacionadas con el trabajo generan descenso de la competitividad, estrechamente ligada a la seguridad; jubilaciones anticipadas porque las enfermedades derivadas del trabajo reducen la vida laboral en cinco años; absentismo laboral porque el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día por esta causa; desempleo porque un tercio de los parados ve reducidas sus posibilidades de trabajar; y un empobrecimiento de los hogares al mermar considerablemente sus ingresos si el trabajador sufre una lesión profesional.
No prevenir accidentes conlleva un importante coste, no sólo humano, sino también económico para las empresas y para el conjunto de la sociedad. En la Unión Europea, cada año se pierden 150 millones de días laborales por este motivo y las pérdidas ocasionadas por bajas por enfermedad se sitúan en cerca de mil millones de euros anuales.
El próximo sábado, 28 de abril, se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el lema “hagamos realidad un buen empleo. Puestos de trabajo seguros y saludables”. UGT recuerda a las empresas su responsabilidad en la prevención de accidentes, tal y como contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El 82% de los accidentes laborales, y el 90% de los mortales afectan a pequeñas y medianas empresas.
La Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se negocia en el marco del Diálogo Social, pretende mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad y mejorar la coordinación institucional y la colaboración entre administraciones implicadas.
La Unión General de Trabajadores, hace tiempo que viene denunciando que tras más de 10 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mayoría de las empresas consideran que la prevención es un coste más que tienen que asumir por lo que realizan una inadecuada gestión de lo que consideran “una obligación empresarial”.
Existen numerosos estudios analizando el coste de un accidente laboral, tanto en términos humanos para la persona afectada que sufre el menoscabo de su integridad o la vida misma; como en términos económicos para la empresa, pérdida de productividad, seguros, posible infracción administrativa, recargo de prestaciones, responsabilidades penales...
Pero la no prevención no sólo tiene como consecuencia una mayor siniestralidad laboral, sino que acarrea otro problema, que por silencioso no se ha tenido en cuenta que es la Enfermedad Profesional.
Es evidente que los costos directos para las empresas son muy altos. En la UE, por ejemplo, cada año se pierden 150 millones de días laborables como consecuencia de los accidentes del trabajo (4 millones de accidentes de trabajo al año), lo que supone unas pérdidas económicas ligadas a las bajas de aproximadamente mil millones de euros anuales y los costos incurridos por la industria en materia de seguros se elevan a 20 billones.
Las principales causas de muerte por causa del trabajo (accidentes laborales y enfermedades profesionales) en el mundo son el cáncer (un 32% aproximado de todas las muertes relacionadas con el trabajo), las enfermedades músculo-esqueléticas (23%), los accidentes (19%) y las enfermedades transmisibles (17%). Está claro que la mayoría de estas muertes se pueden prevenir con una adecuada gestión de la prevención de las empresas, integrando la prevención en la organización empresarial y con la colaboración de sindicatos fuertes y participativos y la Unión General de Trabajadores está trabajando en ello con iniciativas como el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales.
Aquí debemos hacer mención a logros ya conseguidos en España, como la puesta en marcha de un nuevo sistema de calificación, notificación y registro de las enfermedades profesionales, a través del Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre que mejora el procedimiento de declaración y evitará la infradeclaración.
La sociedad debe hacer frente a diversos gastos debidos en parte a las enfermedades profesionales y a los accidentes relacionados con el trabajo, como son:
El descenso de la competitividad ya que existe un estrecho vínculo entre el aumento de la seguridad y el de la competitividad.
La jubilación anticipada ya que las discapacidades son la causa de cerca del 40% de las jubilaciones anticipadas. Son las enfermedades derivadas del trabajo, las que reducen la vida laboral en unos cinco años.
El absentismo, ya que el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día y esta cifra puede llegar al 10% dependiendo del sector.
El desempleo, ya que un tercio de los desempleados tiene una incapacidad para trabajar que no es lo suficientemente grave como para tener derecho a cobrar una indemnización o pensión, pero que reduce sus posibilidades de trabajar.
El empobrecimiento de los hogares, ya que la lesión profesional en un trabajador puede reducir considerablemente los ingresos en un hogar, cuando no otros de los miembros de la familia deben dejar sus trabajos para cuidar al trabajador lesionado, reduciendo aún más los ingresos.
Las pequeñas y medianas empresas están especialmente expuestas, ya que registran el 82% de todos los accidentes laborales y el 90% de los accidentes mortales.
Conociendo el problema al que nos enfrentamos surgen iniciativas desde Europa como la nueva Estrategia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, cuyo principal objetivo es la reducción de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales.
En esta línea de actuación el pasado 20 de abril, la Mesa de Diálogo Social en Prevención de Riesgos Laborales manifestó su compromiso de acordar una Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012 que responda a la exigencia de nuestra sociedad de reducir la siniestralidad laboral y marque unos objetivos a desarrollar a corto, medio y largo plazo para la consecución de la mejora permanente de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para ello todas las partes, el Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO Y UGT, expresaron su convicción y voluntad de llegar a un texto acordado en fecha próxima.
La Estrategia comparte la preocupación por la prevención en la PYME y más aún en la micro empresa, donde es escasa o nula nuestra representación y por tanto los trabajadores carecen de delegados de prevención a los que acudir con sus reivindicaciones.
Entrando de lleno en el terreno de las políticas públicas, el objetivo será desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española, con una política transversal que debe penetrar, estar integrada y orientar las restantes políticas en particular la Laboral y de Empleo, la de Seguridad Social, la de Educación y Formación, la Industrial, Medioambiental, para ello se llevará a cabo una política educativa en todos los niveles del sistema educativo español, se desarrollarán campañas de concienciación y sensibilización de manera constante y permanente, resaltando lo que antes hacíamos mención el coste humano y económico de la no prevención. Por nuestra parte, los interlocutores sociales podremos incidir a través de la Negociación Colectiva en los derechos y obligaciones de las empresas y trabajadores previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Finalmente, con la Estrategia se mejorará la coordinación institucional en materia de prevención de riesgos laborales, para ello se revalorizará la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular creando un grupo de trabajo sobre formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Debido al alto grado de incumplimiento de la normativa en materia de prevención y la sensación de impunidad de los empresarios ante tales incumplimientos, la Estrategia busca la mejora de la colaboración entre administraciones, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado la Instrucción 1/2007 sobre profundización en las relaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos penales contra la seguridad y salud.
Este será, junto con otros pasos en la misma dirección que se están dando, un importante instrumento de lucha contra la siniestralidad en nuestro país, del que esperamos muy pronto se puedan apreciar sus frutos con un descenso en las cifras de trabajadores accidentados gravemente.
Otro elemento fundamental dentro de la colaboración institucional, es el que se aprobó el pasado 28 de febrero, por parte del Consejo General del Poder Judicial, el protocolo marco de colaboración entre los distintos organismos de la administración central con competencias en materia de investigación de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias.
El propósito de este protocolo marco establecer un marco general de colaboración entre las administraciones implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, al amparo del principio básico de coordinación recogido en la Constitución, y definir, potenciar y favorecer la implantación de procedimientos de actuación en esta materia.
Además, debe servir de referencia para la suscripción de convenios específicos, en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas siempre con la finalidad de garantizar la coordinación necesaria para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como garantizar la ejecución de las sentencias condenatorias.
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