UGT denuncia el alto coste humano y económico de la no prevención de accidentes laborales
(UGT). Jueves, 26 de abril de 2007
Los accidentes y enfermedades directamente relacionadas con el trabajo generan descenso de la competitividad, estrechamente ligada a la seguridad; jubilaciones anticipadas porque las enfermedades derivadas del trabajo reducen la vida laboral en cinco años; absentismo laboral porque el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día por esta causa; desempleo porque un tercio de los parados ve reducidas sus posibilidades de trabajar; y un empobrecimiento de los hogares al mermar considerablemente sus ingresos si el trabajador sufre una lesión profesional.
No prevenir accidentes conlleva un importante coste, no sólo humano, sino también económico para las empresas y para el conjunto de la sociedad. En la Unión Europea, cada año se pierden 150 millones de días laborales por este motivo y las pérdidas ocasionadas por bajas por enfermedad se sitúan en cerca de mil millones de euros anuales.
El próximo sábado, 28 de abril, se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el lema “hagamos realidad un buen empleo. Puestos de trabajo seguros y saludables”. UGT recuerda a las empresas su responsabilidad en la prevención de accidentes, tal y como contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El 82% de los accidentes laborales, y el 90% de los mortales afectan a pequeñas y medianas empresas.
La Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se negocia en el marco del Diálogo Social, pretende mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad y mejorar la coordinación institucional y la colaboración entre administraciones implicadas.
La Unión General de Trabajadores, hace tiempo que viene denunciando que tras más de 10 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mayoría de las empresas consideran que la prevención es un coste más que tienen que asumir por lo que realizan una inadecuada gestión de lo que consideran “una obligación empresarial”.
Existen numerosos estudios analizando el coste de un accidente laboral, tanto en términos humanos para la persona afectada que sufre el menoscabo de su integridad o la vida misma; como en términos económicos para la empresa, pérdida de productividad, seguros, posible infracción administrativa, recargo de prestaciones, responsabilidades penales...
Pero la no prevención no sólo tiene como consecuencia una mayor siniestralidad laboral, sino que acarrea otro problema, que por silencioso no se ha tenido en cuenta que es la Enfermedad Profesional.
Es evidente que los costos directos para las empresas son muy altos. En la UE, por ejemplo, cada año se pierden 150 millones de días laborables como consecuencia de los accidentes del trabajo (4 millones de accidentes de trabajo al año), lo que supone unas pérdidas económicas ligadas a las bajas de aproximadamente mil millones de euros anuales y los costos incurridos por la industria en materia de seguros se elevan a 20 billones.
Las principales causas de muerte por causa del trabajo (accidentes laborales y enfermedades profesionales) en el mundo son el cáncer (un 32% aproximado de todas las muertes relacionadas con el trabajo), las enfermedades músculo-esqueléticas (23%), los accidentes (19%) y las enfermedades transmisibles (17%). Está claro que la mayoría de estas muertes se pueden prevenir con una adecuada gestión de la prevención de las empresas, integrando la prevención en la organización empresarial y con la colaboración de sindicatos fuertes y participativos y la Unión General de Trabajadores está trabajando en ello con iniciativas como el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales.
Aquí debemos hacer mención a logros ya conseguidos en España, como la puesta en marcha de un nuevo sistema de calificación, notificación y registro de las enfermedades profesionales, a través del Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre que mejora el procedimiento de declaración y evitará la infradeclaración.
La sociedad debe hacer frente a diversos gastos debidos en parte a las enfermedades profesionales y a los accidentes relacionados con el trabajo, como son:
El descenso de la competitividad ya que existe un estrecho vínculo entre el aumento de la seguridad y el de la competitividad.
La jubilación anticipada ya que las discapacidades son la causa de cerca del 40% de las jubilaciones anticipadas. Son las enfermedades derivadas del trabajo, las que reducen la vida laboral en unos cinco años.
El absentismo, ya que el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día y esta cifra puede llegar al 10% dependiendo del sector.
El desempleo, ya que un tercio de los desempleados tiene una incapacidad para trabajar que no es lo suficientemente grave como para tener derecho a cobrar una indemnización o pensión, pero que reduce sus posibilidades de trabajar.
El empobrecimiento de los hogares, ya que la lesión profesional en un trabajador puede reducir considerablemente los ingresos en un hogar, cuando no otros de los miembros de la familia deben dejar sus trabajos para cuidar al trabajador lesionado, reduciendo aún más los ingresos.
Las pequeñas y medianas empresas están especialmente expuestas, ya que registran el 82% de todos los accidentes laborales y el 90% de los accidentes mortales.
Conociendo el problema al que nos enfrentamos surgen iniciativas desde Europa como la nueva Estrategia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, cuyo principal objetivo es la reducción de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales.
En esta línea de actuación el pasado 20 de abril, la Mesa de Diálogo Social en Prevención de Riesgos Laborales manifestó su compromiso de acordar una Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012 que responda a la exigencia de nuestra sociedad de reducir la siniestralidad laboral y marque unos objetivos a desarrollar a corto, medio y largo plazo para la consecución de la mejora permanente de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para ello todas las partes, el Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO Y UGT, expresaron su convicción y voluntad de llegar a un texto acordado en fecha próxima.
La Estrategia comparte la preocupación por la prevención en la PYME y más aún en la micro empresa, donde es escasa o nula nuestra representación y por tanto los trabajadores carecen de delegados de prevención a los que acudir con sus reivindicaciones.
Entrando de lleno en el terreno de las políticas públicas, el objetivo será desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española, con una política transversal que debe penetrar, estar integrada y orientar las restantes políticas en particular la Laboral y de Empleo, la de Seguridad Social, la de Educación y Formación, la Industrial, Medioambiental, para ello se llevará a cabo una política educativa en todos los niveles del sistema educativo español, se desarrollarán campañas de concienciación y sensibilización de manera constante y permanente, resaltando lo que antes hacíamos mención el coste humano y económico de la no prevención. Por nuestra parte, los interlocutores sociales podremos incidir a través de la Negociación Colectiva en los derechos y obligaciones de las empresas y trabajadores previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Finalmente, con la Estrategia se mejorará la coordinación institucional en materia de prevención de riesgos laborales, para ello se revalorizará la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular creando un grupo de trabajo sobre formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Debido al alto grado de incumplimiento de la normativa en materia de prevención y la sensación de impunidad de los empresarios ante tales incumplimientos, la Estrategia busca la mejora de la colaboración entre administraciones, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado la Instrucción 1/2007 sobre profundización en las relaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos penales contra la seguridad y salud.
Este será, junto con otros pasos en la misma dirección que se están dando, un importante instrumento de lucha contra la siniestralidad en nuestro país, del que esperamos muy pronto se puedan apreciar sus frutos con un descenso en las cifras de trabajadores accidentados gravemente.
Otro elemento fundamental dentro de la colaboración institucional, es el que se aprobó el pasado 28 de febrero, por parte del Consejo General del Poder Judicial, el protocolo marco de colaboración entre los distintos organismos de la administración central con competencias en materia de investigación de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias.
El propósito de este protocolo marco establecer un marco general de colaboración entre las administraciones implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, al amparo del principio básico de coordinación recogido en la Constitución, y definir, potenciar y favorecer la implantación de procedimientos de actuación en esta materia.
Además, debe servir de referencia para la suscripción de convenios específicos, en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas siempre con la finalidad de garantizar la coordinación necesaria para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como garantizar la ejecución de las sentencias condenatorias.
(UGT). Jueves, 26 de abril de 2007
Los accidentes y enfermedades directamente relacionadas con el trabajo generan descenso de la competitividad, estrechamente ligada a la seguridad; jubilaciones anticipadas porque las enfermedades derivadas del trabajo reducen la vida laboral en cinco años; absentismo laboral porque el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día por esta causa; desempleo porque un tercio de los parados ve reducidas sus posibilidades de trabajar; y un empobrecimiento de los hogares al mermar considerablemente sus ingresos si el trabajador sufre una lesión profesional.
No prevenir accidentes conlleva un importante coste, no sólo humano, sino también económico para las empresas y para el conjunto de la sociedad. En la Unión Europea, cada año se pierden 150 millones de días laborales por este motivo y las pérdidas ocasionadas por bajas por enfermedad se sitúan en cerca de mil millones de euros anuales.
El próximo sábado, 28 de abril, se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el lema “hagamos realidad un buen empleo. Puestos de trabajo seguros y saludables”. UGT recuerda a las empresas su responsabilidad en la prevención de accidentes, tal y como contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El 82% de los accidentes laborales, y el 90% de los mortales afectan a pequeñas y medianas empresas.
La Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se negocia en el marco del Diálogo Social, pretende mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad y mejorar la coordinación institucional y la colaboración entre administraciones implicadas.
La Unión General de Trabajadores, hace tiempo que viene denunciando que tras más de 10 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mayoría de las empresas consideran que la prevención es un coste más que tienen que asumir por lo que realizan una inadecuada gestión de lo que consideran “una obligación empresarial”.
Existen numerosos estudios analizando el coste de un accidente laboral, tanto en términos humanos para la persona afectada que sufre el menoscabo de su integridad o la vida misma; como en términos económicos para la empresa, pérdida de productividad, seguros, posible infracción administrativa, recargo de prestaciones, responsabilidades penales...
Pero la no prevención no sólo tiene como consecuencia una mayor siniestralidad laboral, sino que acarrea otro problema, que por silencioso no se ha tenido en cuenta que es la Enfermedad Profesional.
Es evidente que los costos directos para las empresas son muy altos. En la UE, por ejemplo, cada año se pierden 150 millones de días laborables como consecuencia de los accidentes del trabajo (4 millones de accidentes de trabajo al año), lo que supone unas pérdidas económicas ligadas a las bajas de aproximadamente mil millones de euros anuales y los costos incurridos por la industria en materia de seguros se elevan a 20 billones.
Las principales causas de muerte por causa del trabajo (accidentes laborales y enfermedades profesionales) en el mundo son el cáncer (un 32% aproximado de todas las muertes relacionadas con el trabajo), las enfermedades músculo-esqueléticas (23%), los accidentes (19%) y las enfermedades transmisibles (17%). Está claro que la mayoría de estas muertes se pueden prevenir con una adecuada gestión de la prevención de las empresas, integrando la prevención en la organización empresarial y con la colaboración de sindicatos fuertes y participativos y la Unión General de Trabajadores está trabajando en ello con iniciativas como el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales.
Aquí debemos hacer mención a logros ya conseguidos en España, como la puesta en marcha de un nuevo sistema de calificación, notificación y registro de las enfermedades profesionales, a través del Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre que mejora el procedimiento de declaración y evitará la infradeclaración.
La sociedad debe hacer frente a diversos gastos debidos en parte a las enfermedades profesionales y a los accidentes relacionados con el trabajo, como son:
El descenso de la competitividad ya que existe un estrecho vínculo entre el aumento de la seguridad y el de la competitividad.
La jubilación anticipada ya que las discapacidades son la causa de cerca del 40% de las jubilaciones anticipadas. Son las enfermedades derivadas del trabajo, las que reducen la vida laboral en unos cinco años.
El absentismo, ya que el 5% de los trabajadores se ausenta del trabajo cada día y esta cifra puede llegar al 10% dependiendo del sector.
El desempleo, ya que un tercio de los desempleados tiene una incapacidad para trabajar que no es lo suficientemente grave como para tener derecho a cobrar una indemnización o pensión, pero que reduce sus posibilidades de trabajar.
El empobrecimiento de los hogares, ya que la lesión profesional en un trabajador puede reducir considerablemente los ingresos en un hogar, cuando no otros de los miembros de la familia deben dejar sus trabajos para cuidar al trabajador lesionado, reduciendo aún más los ingresos.
Las pequeñas y medianas empresas están especialmente expuestas, ya que registran el 82% de todos los accidentes laborales y el 90% de los accidentes mortales.
Conociendo el problema al que nos enfrentamos surgen iniciativas desde Europa como la nueva Estrategia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, cuyo principal objetivo es la reducción de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales.
En esta línea de actuación el pasado 20 de abril, la Mesa de Diálogo Social en Prevención de Riesgos Laborales manifestó su compromiso de acordar una Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012 que responda a la exigencia de nuestra sociedad de reducir la siniestralidad laboral y marque unos objetivos a desarrollar a corto, medio y largo plazo para la consecución de la mejora permanente de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para ello todas las partes, el Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO Y UGT, expresaron su convicción y voluntad de llegar a un texto acordado en fecha próxima.
La Estrategia comparte la preocupación por la prevención en la PYME y más aún en la micro empresa, donde es escasa o nula nuestra representación y por tanto los trabajadores carecen de delegados de prevención a los que acudir con sus reivindicaciones.
Entrando de lleno en el terreno de las políticas públicas, el objetivo será desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la sociedad española, con una política transversal que debe penetrar, estar integrada y orientar las restantes políticas en particular la Laboral y de Empleo, la de Seguridad Social, la de Educación y Formación, la Industrial, Medioambiental, para ello se llevará a cabo una política educativa en todos los niveles del sistema educativo español, se desarrollarán campañas de concienciación y sensibilización de manera constante y permanente, resaltando lo que antes hacíamos mención el coste humano y económico de la no prevención. Por nuestra parte, los interlocutores sociales podremos incidir a través de la Negociación Colectiva en los derechos y obligaciones de las empresas y trabajadores previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Finalmente, con la Estrategia se mejorará la coordinación institucional en materia de prevención de riesgos laborales, para ello se revalorizará la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular creando un grupo de trabajo sobre formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Debido al alto grado de incumplimiento de la normativa en materia de prevención y la sensación de impunidad de los empresarios ante tales incumplimientos, la Estrategia busca la mejora de la colaboración entre administraciones, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado la Instrucción 1/2007 sobre profundización en las relaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos penales contra la seguridad y salud.
Este será, junto con otros pasos en la misma dirección que se están dando, un importante instrumento de lucha contra la siniestralidad en nuestro país, del que esperamos muy pronto se puedan apreciar sus frutos con un descenso en las cifras de trabajadores accidentados gravemente.
Otro elemento fundamental dentro de la colaboración institucional, es el que se aprobó el pasado 28 de febrero, por parte del Consejo General del Poder Judicial, el protocolo marco de colaboración entre los distintos organismos de la administración central con competencias en materia de investigación de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias.
El propósito de este protocolo marco establecer un marco general de colaboración entre las administraciones implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, al amparo del principio básico de coordinación recogido en la Constitución, y definir, potenciar y favorecer la implantación de procedimientos de actuación en esta materia.
Además, debe servir de referencia para la suscripción de convenios específicos, en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas siempre con la finalidad de garantizar la coordinación necesaria para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como garantizar la ejecución de las sentencias condenatorias.
